lunes, 3 de agosto de 2009

Gracias a dios




Gracias a dios.



Estaba previsto, hasta el extremo, de que hace unas semanas lo pronostiqué en este mismo blog. Cuando interviene dios las cosas terminan bien y Francisco Camps nos lo hizo saber en varias ocasiones. El curita como le llama el Bigotes, “su amiguito del alma” al “que quiere un huevo” porque lo “suyo ha sido muy bonito”, está hoy rebosante de felicidad. ¿Quien es capaz de mejorar una declaración de amor en toda regla como esta?. Y para poder tener una ligera idea de la magnitud amatoria de su corazón aseguró que “no existe palabra en el diccionario que pueda calificar su amistad con el juez” que ha dado carpetazo a un caso tan pringoso.



Uno se pregunta si el juez Baltasar Garzón compartió árbol miccionando con el ministro Bermejo, provocando las iras mas furibundas en una parte de nuestra sociedad y que como mucho, cometieron el delito de agitar al unísono sus pililas para deshacerse de las últimas gotitas y posteriormente subirse las cremalleras con la consiguiente destitución del ministro, resulta muy difícil aceptar que el juez de la Rua, del que no existe en el diccionario de la lengua, tan rico en adjetivos, ninguna palabra para calificarlo, no se inhibiese del caso. Probablemente no sea ilegal pero resulta a todas luces eminentemente inmoral.



El mismo juez acepta que su amiguísimo (lo pongo en grado superlativo para aproximarme a la realidad) recibiese regalos, pese a que el Honorable Camps confesara que los había pagado con dinero en efectivo procedente de la farmacia de su mujer, lo cual no deja de ser un gesto que siempre se debe agradecer pero de eso a cometer un delito hay un abismo. Al juez le da lo mismo y ni siquiera se toma la molestia de leer toda la información que le remite su colega de Madrid donde se dice que esos personajes tan generoso están procesados.



Por lo visto la decisión correspondía a tres jueces y uno de ellos no ha compartido la opinión de los otros dos. ¿Era necesario ese protocolo de dividir este super proceso en varias partes con cerca de 100.000 folios ? ¿Tenía el juez la obligación de saber todo lo referente a este procesos? ¿Es correcto que ignore, rechace o le importe un pimiento la abultada documentación que le ha remitido su colega de Madrid?



¡Aleluya, aleluya, Fco Camps se ha salido con la suya.! Con razón nos avisaba de que tan solo le faltaban dos escaloncitos para llegar al final...



Algunas cosas han quedado meridianamente claras: Francisco Camps, el Muy Honorable President de la Generalitat Valenciana, mintió al juez diciendo que se había pagado los trajes (su amigo el juez dice que no, que han sido regalos); un trío de amistad (con el Bigotes y con el Juez que lo ha absuelto), que no tiene nombre para calificarlo; que el proceso ha sido una escandalosa chapuza pese a la alegría de Rajoy y su poca gracia; todo este pringoso tinglado (y el de Madrid) empezó con una denuncia de dos militantes del PP y que con la intervención divina la batalla está ganada.



Veamos algunas cosas que se han escrito en los periódicos hoy mismo:










Publico.es


El TSJCV archiva la causa contra Camps


El Tribunal de Justicia de Valencia archiva la causa por un delito de cohecho pasivo contra Camps. La decisión, contra la que cabe recurso, ha contado con el voto discrepante del magistrado Juan Montero.

PÚBLICO.ES / AGENCIAS - Madrid - 03/08/2009



El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, puede respirar un poco más tranquilo. Pero sólo un poco.



La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) considera que "no existe relación directa entre el pago de prendas" y los "agasajos" que pudieron recibir los imputados por el caso Gürtel y la adjudicación de contratos públicos a la empresa Orange Market.



Por ello, el TSJCV ha acordado el sobreseimiento libre de la causa abierta por supuesto delito de cohecho contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el portavoz del PP en las Corts y secretario general del PPCV, Ricardo Costa; el ex vicepresiente y ex conseller, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.



Contra esta decisión, que lleva fecha del pasado sábado aunque ha sido notificada hoy a las partes, puede presentarse recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Los socialistas valencianos ya han anunciado que recurrirán.



Nada más conocer la decisión, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se ha felicitado porque, asegura, ha ganado "la justicia, el sentido común y los vendedores de tila, porque hay algunos que, sin duda, están de los nervios. Lo siento mucho", ha señalado para exclamar: "¡Muchas felicidades, Camps!".


Ricardo Costa, el secretario del PPCV, ha señalado que "hoy no es un día de reproches" sino "de respeto, de agradecimiento y de reconocimiento de que, al final, al justicia siempre sale adelante".




Dos contra uno



La decisión ha sido adoptada con el respaldo del presidente de la sala, Juan Luis de la Rúa (íntimo amigo de Camps), y del magistrado José Francisco Ceres.



El tercer magistrado que ha participado en la decisión, Juan Montero, ha expresado su voto discrepante al dudar de que los hechos "no sean constitutivos de delito".



Concluye, por ello, que el sobreseimiento sólo debería afectar a Ricardo Costa.



el alto tribunal valenciano ha estimado los recursos de apelación planteados por los cuatro imputados contra el auto del magistrado instructor del TSJCV, José Flors, quien sostenía que había indicios de cohecho pasivo en la actuación de los cuatro imputados por supuestamente aceptar regalos de la empresa Orange Market, dirigida por Alvaro Pérez, 'El Bigotes', e investigada en el marco de la 'operación Gürtel'.



El recurso de Camps se basaba en que había pagado sus trajes en efectivo.



Contra la decisión puede presentarse recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo


Paralelamente, la Sala ha desestimado los recursos de apelación formulados por el Ministerio Fiscal y la acusación popular, -ejercida por el PSPV- que solicitaban la ampliación del objeto del procedimiento, extendiendo los hechos iniciales del cohecho pasivo al del cohecho activo, la continuación de la investigación en fase de diligencias previas para practicar más pruebas, y la ampliación del número de imputados. De igual manera, ha desestimado la petición de nulidad de las actuaciones, que de forma referencial, fue planteada por la defensa de Francisco Camps.



Según informó el TSJCV en el comunicado, la resolución de la Sala, basada en una "amplia" jurisprudencia del Tribunal Supremo, revisa la declaración de hechos probados del magistrado instructor, valora indicios, pero no realiza un nuevo relato de hechos, y en este sentido señala que "no cabe descartar de forma absoluta otras versiones", es decir, que no excluye "que pudiese ser cierta la versión de los imputados, dadas las contradicciones de testigos y de las irregularidades de la prueba documental".





Cosas de su función


Hay un voto particular del magistrado Juan Montero, que defiende el sobreseimiento sólo para Ricardo Costa



Respecto al tipo delictivo investigado, -el cohecho pasivo impropio recogido en el artículo 426 del Código Penal-, el tribunal entiende que se refiere no a la condición de autoridad o funcionario de la persona imputada, sino a actos propios de "su función", a actos propios de la competencia de la autoridad o funcionario.



En este sentido, la resolución señala que "no cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que pueda existir un automatismo genérico en considerar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público, con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable, que se estime que necesariamente se realiza 'en consideración a su función', por el mero hecho de constatarse que se reúne la cualidad de autoridad o funcionario público".



"Por tanto, no cabe concluir que se haya lesionado o puesto mínimamente en peligro el bien jurídico protegido por el tipo penal y relativo a la correcta actuación de la Administración Pública y la imparcialidad de sus decisiones.... Las anteriores consideraciones vienen avaladas por la más actualizada doctrina jurisprudencial, de la cual se infiere que no cabe realizar una valoración automática o genérica de la concurrencia de dicha relación de causalidad...", indica.





Decía Camps, refiriéndose a la amistad profunda que le une con el presidente del TSJ de Valencia: “Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta (a la de amistad) que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat”. Y un magistrado, con esa relación sentimental tan sentida e íntima con el presunto delincuente al que va a juzgar, no tuvo el coraje moral de retirarse para ahorrarnos el bochornoso espectáculo de que la justicia en España parezca un instrumento de los partidos políticos o de las sectas religiosas, como el Opus Dei, en las que militan algunos de ellos.


Si ese tribunal valenciano ha reforzado la sospecha de que la Justicia a veces hace trampas y mira por debajo de la venda de los ojos para ver quién se sienta en su presencia, la vergüenza también caerá sobre quienes tuvieron en la mano el impedir semejante desmán, el Consejo General del Poder Judicial, en el que se sienta como vicepresidente un ex consejero de Justicia de la Generalitat con el PP, Fernando de Rosa, íntimo amigo también de Camps, y un presidente del Consejo, Carlos Dívar, que antepone los intereses de la secta (por mandato religioso) a los de la justicia terrenal. Un CGPJ que no relevó a De la Rúa porque sus miembros no se pusieron de acuerdo para nombrar a tiempo otro juez libre de sospechas.


Veamos: La Ley Orgánica del Poder Judicial dice en su Artículo 219, referido a las causas de abstención de un juez y, en su caso, de recusación:Apartado 9. Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes. Repito: Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes.


Todo un espectáculo. La amistad de Camps y de la Rúa es tan íntima que su no abstención en la causa es un bochorno que no se conocía desde el caso Gómez de Liaño, juez delincuente que prevaricó dictando sentencia a sabiendas de que sus resoluciones iban contra derecho.


No tienen vergüenza. Sin vergüenza por la vida, consejo con el que les alentaba el hombrecillo insufrible para caminar por la política. No tener vergüenza es en ellos una virtud. Vendrán ahora bandadas de gaviotas reidoras a sobrevolar sobre nuestras cabezas, para contarnos que al fin se ha hecho justicia. Mariano Rajoy, el jefe de la banda, decía esta mañana, nada más conocerse la noticia del archivo de la causa: “Ha ganado la justicia, el sentido común”.


Puntualicemos: por los datos que tenemos, ha ganado la amistad de los jueces conservadores con el presunto delincuente, sobre los que ya siempre caerá la sospecha de su falta de imparcialidad. Podrán haber dictado una sentencia justa, ya nunca lo sabremos, pero la forma ha contaminado el fondo para siempre.


Y el sentido común ha sido pisoteado y burlado, porque el sentido común dicta que un juez no puede juzgar a un hijo, a una esposa, a un padre… o a un amigo íntimo. Por sentido común y porque lo exige La Ley Orgánica del Poder Judicial.


La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo, donde también gobierna cristianamente el señor Dívar. Con todo, porque la burla es de una desmesura hiriente, esperemos que allí nos devuelvan en su día la esperanza de que todavía vivimos en un Estado de Derecho. Para entonces el caso Camps será inevitablemente el caso De la Rúa. Si es que hay justicia, claro.





Un dandi en apuros


Ricardo Costa, imputado por cohecho en el TSJ, se juega su carrera política El 'número dos' del PP valenciano era íntimo amigo de El Bigotes

JOAQUÍN FERRANDIS / MARÍA FABRA - Valencia - 03/08/2009


El secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa Climent, ha logrado en poco más de un año, y sin salir de Valencia, superar en notoriedad a su hermano Juan, que al amparo de Rodrigo Rato desarrolló una brillante carrera en los Gobiernos de José María Aznar hasta llegar al Ministerio de Ciencia y Tecnología.


Ricardo bloqueó a su hermano para favorecer en el PP la reelección de Rajoy

La lealtad absoluta a Camps le ha aislado de las críticas en el seno del PP


Orange Market se convirtió con Costa en el principal proveedor del PPCV

El dirigente popular comparte con Pérez el gusto por el lujo y la exclusividad

Ricardo Costa (Castellón, 1972) es hoy más popular que su hermano Juan -cuyo brillo siempre le ha hecho sombra- por dos razones. La primera, porque como secretario general del PP de la Comunidad Valenciana se encargó hace un año de entregar en mano a Mariano Rajoy los avales de los compromisarios de la Comunidad Valenciana para cercenar de cuajo las posibilidades de su hermano de aspirar a la presidencia del PP en el congreso de Valencia.


La segunda, porque está encausado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en condición de imputado, por un supuesto delito de cohecho junto al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Ellos dos, junto con el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, supuestamente habrían recibido trajes pagados por Orange Market -una de las empresas de la trama corrupta del caso Gürtel- que dirige en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes.









La notoriedad de Ricardo Costa, además, se ha visto amplificada por su imagen de dandi. Sus trajes entallados de sastrería, las camisas de cuello alto, su gusto por el lujo y su voz atiplada han sido siempre objeto de comentario. Sus detractores acérrimos no han dudado en hacer chanza de su porte y de su manera de hablar al estilo borja mari. Y sus propios correligionarios reconocen: "Cada vez que sale Ricardo en la tele, perdemos votos, porque es imposible que la gente de la calle se identifique con su imagen".


El número dos del PP, que está permanentemente de guardia para lo que mande Camps, disfruta en los ratos libres de su perro bóxer, lee cómics de Marvel y rebaña el tiempo para salir de fiesta con su novia -una edil que fue reina de las Hogueras de Alicante- y sus amigos.


Pero, probablemente, ese gusto por las cosas buenas -y caras- es lo que le llevó a congeniar con Álvaro Pérez, El Bigotes, que comparte con el secretario general de los populares valencianos la afición por el lujo y la habilidad para ejercer de relaciones públicas.


Costa, que además de secretario general es portavoz del PP en las Cortes Valencianas, tuvo sus primeros contactos con Álvaro Pérez a finales de los noventa en los grandes mítines que José María Aznar dio en Valencia organizados por Special Events, la empresa de Francisco Correa.


Entonces, Ricardo Costa ya era el diputado más joven del Parlamento autonómico. Con su madre como concejal del Ayuntamiento de Castellón y su padre ocupando un cargo de libre designación como delegado de Hacienda en Castellón, Ricardo aprendió de política en el comedor de su casa. En 1992 ingresó en Nuevas Generaciones del PP de Castellón, mientras estudiaba Empresariales en Valencia. Al año siguiente, el presidente provincial del PP, Carlos Fabra, que todavía mantiene una estrecha amistad con su padre, Juan Costa, eligió al hermano mayor para encabezar la lista al Congreso por Castellón en las generales de 1993. Dos años más tarde, Fabra decidió ampliar el lustre que daban los Costa a la lista autonómica por Castellón con la inclusión de Ricardo. Ese año, Eduardo Zaplana logró la presidencia de la Generalitat para el PP y Ricardo Costa se convirtió en el diputado más joven de las Cortes Valencianas.


En el hemiciclo del Palau dels Borja comprendió que poco o nada podía hacer en Castellón, con el todopoderoso Carlos Fabra dominando la provincia, y que en Madrid sería sólo la sombra de su hermano Juan. Así que apostó por hacer carrera en el ámbito autonómico.






Zaplana lo nombró portavoz adjunto de las Cortes Valencianas en 1999 para endulzar la relación con Juan Costa y Rodrigo Rato. Y por similares intereses, Camps lo incluyó de vicesecretario general del PP, en su lucha contra Zaplana, en el congreso regional celebrado en Castellón en el año 2004.


Un puesto desde el cual relanzó su carrera política. Su capacidad para cumplir sin pestañear los cometidos que le encargaba Camps y su valentía para dar la cara como portavoz, sin despeinarse, pronto le supusieron un ascenso. Así, el presidente valenciano pronto lo nombró secretario general del PP y portavoz parlamentario, aunque Costa siempre ha ambicionado una cartera en el Gobierno.

"Álvaro Pérez se trasladó a Valencia porque allí tenía a su amigo Ricardo Costa, que ocupaba un cargo dentro del organigrama del partido", dijo la empresaria Isabel Jordán en las declaraciones ante el juez Baltasar Garzón.


Lo cierto es que, a partir de 2004, el responsable de Orange Market en Valencia empezó a moverse como un pez en el agua por los despachos de la sede regional del PP y era fácil verlo en los alrededores de Presidencia de la Generalitat o del Grupo Popular en las Cortes Valencianas. Desde la aparición de Orange Market y la llegada de Camps y Costa a la cúpula del PP valenciano, Pérez se convirtió en el suministrador oficial de la práctica totalidad de los actos organizados por la dirección regional y el grupo parlamentario. Aunque el PP no ha dado ninguna cifra, algunos calculan en casi dos millones de euros la facturación de los eventos contratados por el partido estos años con Orange Market.


Las conversaciones telefónicas entre Álvaro Pérez y Pablo Crespo revelan, según la instrucción hecha por Garzón, que El Bigotes mantenía una estrecha relación de amistad con Costa. Hasta el punto de que Álvaro Pérez llegó a hacer gestiones ante los concesionarios de automóviles para conseguirle al número dos de los populares valencianos un vehículo nuevo. Probablemente el SUV de lujo modelo Infiniti FX 50, que Costa estrelló en la autopista AP-7 el pasado mes de mayo. El accidente, de cuyas heridas ya está recuperado, puso en entredicho la imagen que el diputado del PP había intentado trasladar al hacer pública una declaración patrimonial en la que indicaba que estaba en números rojos y que tenía un préstamo de sus padres para pagar el coche nuevo.





La relación de Costa con Álvaro Pérez fue la que llevó al sastre José Tomás a desplazarse desde Madrid a Valencia, en el año 2005, para tomar las medidas al secretario regional del PP en la sede del partido. El auto del magistrado José Flors, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana afirma que "existe constancia documental" de que Orange Market pagó trajes y otras prendas de vestir encargadas por Ricardo Costa al sastre José Tomás en Milano y Forever Young. Igual que recalca que "no existe constancia" de que el dirigente del PP y los otros imputados "abonaran su precio directa o indirectamente al establecimiento vendedor". El sumario incluye otras pruebas como las incautadas en un ordenador portátil hallado en un yate, propiedad de Pablo Crespo, en el puerto de Altea. En total, Garzón cifró el valor de la ropa pagada por la trama corrupta al secretario general del PP valenciano en 7.325 euros. El auto posterior de José Flors documenta la existencia de cinco trajes, dos americanas y nueve pantalones.


El sumario también incluye las conversaciones grabadas entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez y entre éste y Francisco Correa. Conversaciones que, según el auto del TSJ, "evidencian la patente preocupación de todos ellos". De hecho, El Bigotes llega a decirle al jefe de la trama: "He estado con Ricardo, que me ha dicho: Oye arreglarlo así al único al que perjudica es a mí. Yo por ayudarte hago lo que sea y además te lo demuestro cada día, pero si lo hacemos de esta manera al único que te cargas es a tu amigo Ricardo, que por cierto es el único que te ayuda siempre".


Costa mantiene que le dio el dinero a Álvaro Pérez, para que pagase la ropa, y considera que la acusación tan sólo se sustenta en el testimonio del sastre. El número dos del PP valenciano respiró aliviado cuando el TSJ decidió no incluir ninguna imputación por tráfico de influencias o financiación irregular del partido. Ahora sabe que la justicia ha ligado su destino politico al de Camps. Y si se trunca su carrera, a Costa siempre le quedará la posibilidad de dedicarse a la consultora Cas Legis de Castellón, en la que entró como socio de la mano de su hermano Juan, y donde hoy en día tan sólo se limita a llevar algunos clientes.






Los escándalos que afectan al PP


El PSOE acusa al tribunal de dar por hecho que Camps mintió


El TSJ de Valencia entiende que los regalos que Camps recibió no son constitutivos de delito

JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid - 03/08/2009






El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha desestimado la parte del recurso de la defensa de Francisco Camps contra las pruebas que el instructor del caso, el magistrado José Flors, cita para acreditar que el presidente valenciano recibió regalos de la trama corrupta. Sin embargo, los magistrados entienden que no se puede interpretar que esos regalos (miles de euros en distintos meses de varios años) puedan ser constitutivos del cohecho tipificado en el artículo 426 del Código Penal y, por tanto, entiende que no se puede juzgar a Camps por ese delito.


El PSOE ha incidido en las "mentiras" de Camps durante todo el proceso. El presidente valenciano inició su carrera de defensa en el caso asegurando que había devuelto los trajes, sin saber que la Justicia le estaba investigando no sólo por la ropa comprada en Milano sino, fundamentalmente, por la que hacia relación a la indumentaria lograda de la tienda Forever Young, de la que se conservaron numerosas pruebas documentales que acreditarían el pago de los trajes por parte de la red de empresas de Francisco Correa.


El Secretario de Ciudades y Política Municipal, Antonio Hernando, ha manifestado este lunes su "respeto" por la decisión adoptada hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ante el caso Gürtel, aunque, ha recordado, "está basada en una compleja interpretación del tipo de cohecho impropio, que no ha sido asumida por todos los magistrados de la sala".


Según una compleja interpretación del artículo 426 del Código Penal, la Sala considera que en este caso no es aplicable el cohecho, porque "aunque existen indicios racionales y evidencias de que recibieron los regalos" no queda acreditado si Camps "los recibió como Presidente de la Generalitat o como Presidente del Partido Popular". El auto, por tanto, "no desmiente que el presidente Camps recibiera los trajes como regalo, ni admite los argumentos exculpatorios de su defensa, luego asume que mintió tanto en sede judicial como en sede parlamentaria a los valencianos", sostiene Hernando.





El político socialista ha señalado que el sobreseimiento libre de la causa abierta por un supuesto delito de cohecho pasivo contra el presidente de la Generalitat, el secretario general del PPCV y otros dos ex altos cargos del Gobierno valenciano, "es recurrible" y, por lo tanto, "no es la decisión definitiva". "No podemos estar de acuerdo con la interpretación que hace el Tribunal, y que es muy discutible como prueba el voto particular de uno de los tres magistrados de la sala", recuerda.


El dirigente socialista destacó que en todo este asunto relacionado con la trama valenciana del caso Gürtel "Francisco Camps debe una explicación a los valencianos, ya sea como Presidente del PP de Valencia o como Presidente de la Generalitat, porque les ha mentido, y hasta el momento no ha explicado por qué".


Igualmente, Antonio Hernando ha denunciado que el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy "siga sin dar explicaciones sobre las relaciones de dirigentes de su partido con los cabecillas de la trama corrupta", y anunció que "el PSOE seguirá pidiendo explicaciones ante la gravedad de las diversas ramificaciones del caso Gürtel". El dirigente socialista ha dicho no entender "a qué viene la alegría del Rajoy, cuando la trama de corrupción vinculada a administraciones gobernadas por el PP y a destacados cargos institucionales de este partido tiene ya más de 100 imputados", pese a lo cual "siguen sin dar explicaciones y sin aplicar su propio código ético".


Hernando insiste en que "el auto emitido por la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Valencia, reconoce que Camps y los distintos altos cargos del Gobierno valenciano recibieron regalos de la trama corrupta que esta siendo investigada".








Los tres trozos de una causa con conexiones


J. A. H. / L. G. - Valencia - 03/08/2009


Salvo los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que decidieron asumir sólo la parte de la trama Gürtel que afecta a los aforados nacionales Luis Bárcenas y Jesús Merino, casi ningún jurista entiende por qué esta causa ha acabado dividida en tres trozos. La que lleva el Supremo, la que tramita el Tribunal Superior de Valencia (sólo respecto a sus aforados, entre ellos, el presidente Camps) y la que investiga el Superior de Madrid, el grueso de la causa, con y sin aforados.

El Tribunal Superior de Valencia, al igual que hizo el Supremo, dictaminó que sólo investigaría a sus aforados por la supuesta recepción de dádivas de la trama, pero rehusó investigar a quiénes habían hecho los regalos. Los primeros problemas del actual desgajo de la causa ya han empezado a aflorar. Hoy, el Tribunal Superior valenciano tiene que decidir si atiende los recursos de sus aforados y archiva la causa y, por otro lado, si la mantiene abierta y estima la petición de su homónimo de Madrid de investigar también a quienes dieron los regalos a los aforados (esto es, los jefes de la trama corrupta Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes). Si el Superior de Valencia se mantiene hoy en sus trece y ciñe la investigación a sus aforados, el asunto tendría que resolverlo el Supremo.





El Bigotes regaló a Camps trajes, zapatos,
pulseras y entradas de circo
Balance de la investigación en Valencia de la trama Gürtel vinculada al PP

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ / LYDIA GARRIDO - Valencia - 03/08/2009







La investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada a Gobiernos del PP de al menos tres comunidades autónomas y seis ayuntamientos, ha acreditado que el presidente valenciano, Francisco Camps, recibió numerosos regalos en forma de trajes, zapatos, pulseras, relojes, juguetes caros e incluso entradas para el Circo del Sol (701 euros reflejados en la caja B de la trama corrupta). Algunos regalos le llegaban por Navidad y otros en cualquier otro momento, según la investigación.

El PP confía en que hoy termine el "calvario" del presidente valenciano

Tres magistrados de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia dilucidan hoy si el presidente de la Generalitat valenciana debe ser juzgado por un presunto delito de cohecho pasivo (que castiga a la autoridad que recibe regalos aunque sea a cambio de nada). Camps y los demás aforados presentaron un recurso contra la decisión del instructor del caso en Valencia, José Flors, quien entiende que éstos habrían cometido un cohecho pasivo susceptible de ser enjuiciado por un jurado popular. La Sala de referencia del juez Flors también deberá decidir hoy si deja abierta la causa e incluye entre los imputados -como pidió el pasado jueves el Tribunal Superior de Madrid- a los cabecillas de la trama Gürtel que hicieron los supuestos regalos a esos aforados. Es decir, a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.




El juez Flors ha encontrado múltiples indicios de la existencia del cohecho, aunque no ha investigado si los regalos recibidos de la trama corrupta en la Comunidad Valenciana estaban relacionados con los contratos logrados por la empresa Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez, alias El Bigotes, uno de los cabecillas de la trama Gürtel.
El principal contrato que Pérez conseguía cada año tras establecerse en Valencia era el de diseño, montaje y desmontaje del pabellón de Fitur en Madrid. El Tribunal de Cuentas ha apuntado múltiples irregularidades en ese expediente. Tanto Milagrosa Martínez, consejera de Turismo durante los años en que logró el contrato, hoy presidenta del Parlamento valenciano, como su jefe de gabinete, Rafael Betoret, recibieron regalos caros de la trama corrupta. Ella, un reloj valorado en 2.400 euros (400.000 pesetas); él, numerosos trajes.

Además de los contratos del pabellón de Fitur en cinco años consecutivos (a razón de un millón de euros de media por cada contrato), la empresa Orange Market consiguió otros 40 encargos menores, la inmensa mayoría adjudicados a dedo y algunos troceados en minicontratos inferiores a 12.000 euros para evitar la concurrencia de ofertas que hubiera dificultado la adjudicación.




El PP confía en que la Sala Civil y Penal de Valencia tome hoy una decisión y termine el "calvario" de Camps, ya que consideran que los tres magistrados encargados de resolver el recurso que presentó el presidente valenciano contra la decisión del juez Flors están de su parte. Uno de ellos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Juan Luis de la Rúa, es amigo íntimo de Camps, según declaró el propio líder del PP. Aunque, durante todo el proceso, distintas partes han barajado la posibilidad de recusar a De la Rúa por este motivo, nadie acabó haciéndolo.

La citada Sala tenía previsto resolver el asunto a finales de la semana pasada, pero decidió seguir estudiando el caso este fin de semana y posponer la decisión última hasta hoy, tras encontrarse el pasado jueves con algo inesperado: el juez de Madrid que investiga la parte gruesa de la trama corrupta, Antonio Pedreira, remitió un auto a sus colegas de Valencia en el que indica que no cabe juzgar a los aforados de esa comunidad dejando al margen a Correa, Crespo y El Bigotes. Según su resolución, hacer eso "rompería la continencia de la causa". En el mismo auto, además, recuerda a sus colegas valencianos que hay cajas de documentación aún sin abrir, de lo que se infiere que podrían aparecer nuevos indicios que apuntalen la comisión de un cohecho.





Resoluciones de Flors, Pedreira y el fiscal
- Auto del juez Flors.
El instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana afirma que hay "indicios racionales" para creer que Camps pudo cometer un cohecho por aceptar regalos de la trama. "No existe constancia de que su precio [el de los trajes] fuera abonado en caja y en metálico en el momento de recoger aquellos trajes, como afirmó el Sr. Camps en su declaración". El juez José Flors, por orden de la Sala, se negó a investigar a quienes hicieron los regalos: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.




Opinión de la fiscalía.
La Fiscalía Anticorrupción señala que El Bigotes y los demás cabecillas de la trama deben ser juzgados en Valencia junto a los aforados. "Su enjuiciamiento conjunto resulta inevitable", señala Anticorrupción en un escrito.







- El juez Pedreira avala la tesis del fiscal.
"La incoación de procedimientos distintos para la investigación y enjuiciamiento de unas y otras conductas por separado podría motivar que se dictaran pronunciamientos contradictorios"
señala el juez instructor de Madrid.






Publico.es
Anticorrupción recurrirá ante el Supremo el archivo de la causa contra Camps
María Teresa Fernández de la Vega pide al líder del PP, Mariano Rajoy, "menos gracietas y más respeto por los ciudadanos"

EFE - San José - 03/08/2009



La Fiscalía Anticorrupción presentará mañana un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra el auto dictado por la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en el que se acuerda el sobreseimiento libre de la causa abierta contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el portavoz del PP en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, y otros dos imputados, en relación con el caso Gürtel.





Según informó este órgano en un comunicado, la Fiscalía, tras realizar un examen jurídico de los argumentos empleados en el auto, entiende que son "contrarios a derecho y a la propia jurisprudencia" de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, además de considerarlos "improcedentes jurídicamente".




El recurso de la Fiscalía, según anunció este órgano, se basará en dos vías casacionales: por una parte, infracción de ley, de acuerdo con el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y vulneración de precepto constitucional, recogido en el artículo 24 de la Constitución Española. El recurso de casación, una vez anunciada su presentación ante el TSJCV, será redactado en las próximas semanas para su presentación efectiva ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.



La noticia fue adelantada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien se encuentra estos días de gira por Iberoamérica. Durante una rueda de prensa en San José de Costa Rica, le pidió al líder del PP, Mariano Rajoy, "menos gracietas y más respeto por los ciudadanos".